Para la JSF, las premisas numéricas y las reformas propuestas en los planes fiscales carecen de detalles y no son  claras para que puedan ser certificados. (GFR Media) (horizontal-x3)

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prácticamente ha tirado por la borda la reforma contributiva que pretende el gobierno, así como la propuesta consolidación de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) en una nueva entidad, luego de que anoche el organismo federal dijera al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que sus planes fiscales no cumplen con la ley federal Promesa.

En tres cartas separadas, la JSF dijo a Rosselló Nevares que sus asesores tendrán que modificar todos los supuestos que utilizaron en los planes fiscales del gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Ello, porque las premisas numéricas y las reformas propuestas en tales documentos carecen de detalles y no son suficientes claras para que la JSF pueda certificarlos, lo que a su vez, es un paso clave para el proceso de balance fiscal que requiere el estatuto federal.

La JSF también pidió al mandatario puertorriqueño, hacer más cambios a los que ya adoptó con la reforma laboral; puso en duda las proyecciones de fondos federales en los planes fiscales; pidió definir exactamente en qué proyectos de infraestructura se gastarán los fondos que se reciban e incluso, pidió que se eliminen las referencias al status político de la isla.

“La junta es una entidad no política y como resultado, no puede certificar un plan fiscal que incluya posiciones sobre el status político de Puerto Rico”, reza la carta que anoche envió el presidente de la JSF, José B. Carrión, en torno al plan fiscal del gobierno central.

La determinación de la JSF se dio a conocer anoche, minutos después de que Rosselló Nevares ofreciera un mensaje televisado para anunciar que impulsará una reforma del sistema educativo, adoptando el modelo de escuelas “charter”.

No obstante, la decisión del organismo que controla las finanzas públicas de la isla se habría producido durante el fin de semana. Ello, luego de que el viernes pasado, el organismo federal tuviera una sesión de trabajo con Rosselló Nevares y su equipo fiscal en la ciudad de Nueva York.

Es la primera vez que la JSF emite notificaciones de violación en los planes fiscales de la administración Rosselló Nevares, según permite la sección 201 de Promesa.

Rosselló Nevares tiene siete días, es decir hasta el próximo 12 de febrero, para contestar las violaciones identificadas por la JSF y presentar sobre una decena de planes y nuevos estimados para así cumplir con los nuevos requisitos de la JSF.

Reacciona Sobrino

De inmediato, el representante de Rosselló Nevares ante la JSF, Christian Sobrino, sostuvo que los documentos en manos del organismo son “robustos” y cónsonos con la realidad que supuso el embate de los huracanes Irma y María.

“En la noche de (ayer), hemos recibido las notificaciones de parte de la JSF requiriendo revisiones a los planes fiscales del gobierno central, la AEE y la AAA entregados a la JSF el 24 de enero de 2018”, indicó Sobrino en declaraciones escritas.

“Los planes fiscales preparados por el gobierno y las respectivas corporaciones públicas son documentos robustos que trazan una ruta de disciplina fiscal, recuperación y reconstrucción tras los huracanes Irma y María y transformación socioeconómica de Puerto Rico a favor de sustentabilidad a largo plazo”, sostuvo el también asesor económico del gobernador.

Según Sobrino, el proceso de elaboración y certificación de planes fiscales es “interactivo”, por lo cual, el gobierno revisará “cuidadosamente” los comentarios de la JSF y anticipó que cumplirán “con cualquier petición adicional de información incluida en la carta”.

Lo que pide la Junta

“Nuestros objetivos de lograr el balance fiscal y reanudar el acceso a los mercados de capital solo son posibles si cambiamos fundamentalmente las tendencias económicas subyacentes que caracterizaron la economía de Puerto Rico antes de los huracanes”, reza la carta de Carrión a Rosselló Nevares.

En el caso del gobierno central, la JSF puso en duda cuatro de las premisas que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) utilizó en sus proyecciones económicas y de inversión: los fondos federales que recibiría la isla para la recuperación; los recaudos del Fondo General y las mejoras capitales que se contemplan para mantener los activos del gobierno.

De igual forma, aunque en esta ocasión, la JSF no exigió una reserva ante posibles sobregiros presupuestarios, lo que fue duramente criticado por los acreedores el año pasado, el organismo ha solicitado a la Aafaf que adopte “una reserva de emergencia” como ha sucedido en otras jurisdicciones golpeadas por desastres y pidió extender los planes hasta el año fiscal 2023.

La reserva para emergencias debe totalizar unos $1,300 millones al cabo de cinco años, según la JSF.

La deuda pública

Asimismo, en sus nuevas exigencias, la JSF pareció combatir las críticas que los acreedores han hecho en torno al plan fiscal revisado. Esto, porque el documento que presentó el gobierno no contempla pago alguno a los bonistas.

En la misiva, el organismo que controla las finanzas públicas de la isla pidió a la Aafaf proveer detalles específicos en torno a la capacidad de pago de la deuda pública que tanto el gobierno como la AEE y la AEE tendrían de cara a los próximos 30 años.

Trabajo según los estados

Si cambiar los supuestos económicos en un plazo de siete días podría ser cuesta arriba para la Aafaf, cumplir con las reformas estructurales que la JSF exigió anoche en su carta podría ser imposible para el gobierno.

De entrada, según la misiva de Carrión, el gobierno tiene que establecer un plan con estrategias específicas para mejorar el “ranking” que ocupa Puerto Rico en los índices de competitividad del Banco Mundial.

Cada año, la institución publica un reporte conocido como “Ease of Doing Business” y Puerto Rico se encuentra en el fondo cuando se compara con otros países en asuntos como impuesto y facilidad de establecer negocios, entre otros criterios.

La JSF dijo avalar que se reactive en Puerto Rico el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés), pero acto seguido, pidió a Rosselló Nevares acometer más recortes en los beneficios que reciben los trabajadores como sería la paga por enfermedad o vacaciones y el bono de Navidad.

Si bien la JSF pidió a Rosselló Nevares que no haga mención de del status político, el organismo federal pidió al mandatario que modifique las leyes laborales para que Puerto Rico se parezca más a los estados de Estados Unidos.

“Según el conocimiento de la junta, ningún estado requiere la paga por despido o el pago de un bono de Navidad”, reza la carta de Carrión.

Contribuciones y energía

“Las reformas contributivas incluidas en el plan propuesto deben ser al menos neutrales en términos de recaudos y las exenciones e incentivos deben ser eliminados escalonadamente antes de reducir las tasas contributivas”, reza la carta de Carrión.

Hace unas dos semanas, Rosselló Nevares y el secretario de Hacienda dijeron a El Nuevo Día que impulsar una reforma contributiva que redujera los impuestos que pagan individuos y corporaciones es indispensable para la recuperación.

Sin embargo, desde la perspectiva de la JSF, antes de recortar impuestos, Puerto Rico tendrá que comenzar a contabilizar los créditos e incentivos que otorga como parte de su presupuesto y demostrar claramente el impacto de un ajuste contributivo en la economía local.

De otra parte y en lo que podría significar un revés a los planes de consolidación de agencias de Rosselló Nevares, la JSF advirtió que el nuevo regulador del sector de energía debe estar separado de cualquier otra agencia; contar con al menos tres comisionados y debe financiarse estableciendo un cargo de la tarifa eléctrica que paga la ciudadanía.

Atrición y pensiones

“La junta cree que el plan propuesto de atrición sobreestima el impacto fisal que ese enfoque lograría”, agregó Carrión haciendo referencia al programa mediante el cual el gobierno dice reducirá el número de trabajadores.

Los señalamientos de la JSF en torno a los ahorros que se lograrían en gastos operacionales también se extendieron a los municipios y al plan del gobierno de crear un “sistema de counties”.

Según la carta, aparte de los recortes ya efectuados, los subsidios a municipios tendrían que ajustarse en 80% y la Aafaf tendrá que proveer una lista específica de los servicios del gobierno central que se transferiría a los condados y detallar su impacto en el número de empleados, los ahorros que se lograrían y un plan con fechas específicas para la consolidación de tales servicios en la nueva estructura gubernamental.

De otra parte, la carta de la JSF reavivó las exigencias en torno a un recorte de las pensiones y la necesidad de que policías y maestros coticen al Seguro Social.